Según afirman fuentes parlamentarias, el Gobierno ha tomado la decisión de dar más incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, aunque al mismo tiempo garantiza el cobro de una pensión pública.
Los integrantes de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se encuentran en plena negociación, y unos de los temas que se trataran es el retraso de la edad de jubilación legal o, al menos, real de jubilación, elevar el tramo en el que se computa la pensión o reestructurar la pensión de viudedad, para luego debatir el tratamiento fiscal de los planes de pensión.
Las cuestiones más importantes que se van a debatir son:
• Incrementar los incentivos fiscales para fomentar la contratación de los planes de pensiones privados
• Reducir la penalización tributaria que soporta el beneficiario del fondo a la hora de rescatarlo
La clave que el Gobierno llevará a las negociaciones es el incremento de esta deducción para los mayores de 65 años que continúen trabajando y que continúen realizando aportaciones a su fondo de pensiones. En este caso se podría elevar el límite de deducción de 10.000 o 12.500 actuales según la edad, hasta 15.000 ó 18.000 euros.
El Gobierno también posibilitará que el cobro del plan de pensiones sea compatible con la ampliación de la vida laboral, de esta forma, los trabajadores de más de 65 años que continúen trabajando podrían comenzar a recibir la prestación de jubilación de su fondo de pensiones privado para complementar su sueldo.
La idea de estos cambios es fomentar la permanencia del trabajador en el mercado laboral. Hoy en día son más de cuatro millones de trabajadores los que tienen contratado un plan de pensión privado, además de los funcionarios.
